La banca y las aseguradoras (dos caras de una misma moneda en materia de pensiones y ahorro, con participaciones cruzadas entre ellas) vuelven a marcar la iniciativa del Gobierno, en contra de los consumidores.
Con independencia de la cuestión de las pensiones públicas, los planes y fondos de pensiones privados no sólo se han caracterizado y caracterizan por su muy baja rentabilidad y una fiscalidad engañosa, sino que se han convertido en una fórmula de ahorro completamente discutible en cuyos problemas se ahonda con las medidas acordadas hoy por el Consejo de Ministros
El ahorro, que constituye un bien clave para los consumidores y ciudadanos, se encuentra completamente desprotegido y hasta penalizado en España desde hace muchos años al margen del signo del Gobierno existente en cada momento.
Los planes de pensiones pretenden reforzarse como mero instrumento de captación de capital barato para las entidades; esta es la interpretación que se deduce de la medida de posibilitar el rescate a los 10 años, en un intento de capturar ahorro para recapitalizarse ante los problemas de las entidades después del rescate financiero y ante la necesidad que algunas entidades tienen ya de una nueva reestructuración-rescate. De igual forma, si se habilita esta posibilidad de rescate el término «Plan de Pensiones» pasa a ser un mero señuelo de captación, dado que existen otras fórmulas de ahorro si lo que se pretende es una liquidez como la que plantea el Gobierno.
La pobre rentabilidad de los planes de pensiones es uno de los mayores problemas y no se dan los incentivos para solucionarlo. Ello evidentemente depende del escenario económico, pero también de la capacidad de gestión y sus costes. Según estudios recientes, en el periodo diciembre 1999 – diciembre 2014, la rentabilidad anual media del IBEX 35 fue 3,28% y la de los bonos del Estado a 15 años 5,83%. La rentabilidad media de los fondos de pensiones fue 1,2%.
Tampoco se aborda la paulatina complejidad de los fondos de pensiones, al acceder sus inversiones a mercados, productos e índices complejos (mercados de materias primas, etc…), lo que requiere mejorar la información, controlar las campañas de promoción (regalos…), condicionar la colocación de planes de pensiones a los jóvenes, etc…, además de prohibir «colocar» este producto tan complejo como un producto vinculado más a otros (hipotecas, créditos…), ya que su contratación requiere una especial atención, conocimiento y reflexión del consumidor que no sucede cuando se está negociando un préstamo hipotecario, por ejemplo.
Frente a la medida hoy acordada, a juicio de ADICAE lo realmente necesario es una verdadera Ley de Fondos de Pensiones Privados favorable a los consumidores y a su ahorro, estableciendo sobre dichos productos un control efectivo por el supervisor para que no se convierta en mero instrumento de obtención de negocios pingües para la banca y las aseguradoras y para afrontar la gran cantidad de productos financieros de este tipo que complejizan y confunden al consumidor (seguros de ahorro, Plan de Ahorro 5, planes de jubilación, etc…)
