La ministra de economia Calviño apela a «la confianza de los consumidores, sin los consumidores».
El anuncio de una autoridad macroprudencial para alertar de riesgos y burbujas elude la realidad de abuso sistemático a los consumidores
Ni una palabra de la ministra a la reforma de las sistemas de reclamación de conflictos en el sector financiero, pese a que también resulta de una directiva europea y del mandato (expirado el 4 de julio) de la Ley de resolución alternativa de conflictos de consumo.
La ministra Calviño parece renunciar de inicio a reformar un anquilosado y abusivo sistema financiero, sostenido en base a la permisividad en su expolio a las economías familiares.
Las referencias a la aprobación urgente de las directivas pendientes, justificadas únicamente en los posibles sanciones a España, expresan que en el ministerio sigue mandando la burocracia, y que no es relevante para el ministerio si la norma europea se traduce al caso español en beneficio de los consumidores o no, sino si evita una sanción formal.
ADICAE lamenta que la ministra de Economía se haya olvidado de los consumidores en su primera comparecencia para explicar las líneas generales de su política al frente del ministerio. Calviño, que no ha mencionado la protección de los consumidores como sí hizo Sánchez en su discurso de censura, tan solo se ha referido a los mismos para apelar a su confianza pero sin una sola medida dedicada a corregir los múltiples abusos y desequilibrios de los que han sido victimas.
La asociación no considera una prioridad el impulso a organismos que alerten de burbujas o de malas prácticas «macro» cuando está demostrada una actuación sistemática (y sistémica ya) de abuso masivo que sí exige medidas urgentes y decididas.
ADICAE quiere organismos que actúen contra los fraudes y los abusos y que no los permitan. Es necesaria una reflexión sobre el modelo a seguir para mejorar protección a los consumidores, algo que la ministra hoy no ha hecho, una vez demostrada la ineficacia y fracaso de los actuales reguladores.
Por otro lado, ADICAE comparte la necesidad de trasponer las directivas pendientes y que están siendo tramitadas en el Congreso, como el proyecto de ley de Crédito Inmobiliario. Sin embargo, la asociación pide a Calviño que no lo haga de cualquier manera, y mucho menos tal y como lo dejó el anterior Gobierno, que legó una legislación que defiende claramente los intereses de la banca y que ningunea a los consumidores.
La ministra parece olvidar ademas la proposición de ley de Transparencia en la Contratación Predispuesta, impulsada por ADICAE y presentada por el propio grupo Socialista, herramienta clave en la modernización de la economía y relaciones de consumo en España, y que aportaría avances vinculados además tanto a las líneas generales se su discurso hoy en el Congreso como a los derechos de los consumidores y usuarios, demostrando que estos aspectos no constituyen necesariamente elementos contrapuestos.
