El archivo por parte de la Audiencia supone agrandar todavía más la impunidad del fraude de las cajas y forma parte de la práctica de eludir el fondo de la cuestión y sólo juzgar delitos menores.
ADICAE recurre el archivo al entender que la actuación fraudulenta de los dos máximos dirigentes de la CAM se merece un reproche penal tras una administración caracterizada por la corrupción y la mala gestión.
La asociación ha presentado el recurso ante la sala segunda del Tribunal Supremo que archivaba el primer juicio penal por las preferentes que llegaba a la Audiencia Nacional en base a la doctrina Botín y que pretende impedir a ADICAE proseguir como acusación popular en beneficio del interés general y produciendo una efectiva situación de indefensión.
ADICAE cree que es más que evidente y comprobado que existió premeditación de la caja a la hora de lanzar al mercado las preferentes, destinando las mismas a aquellos consumidores ya clientes de forma engañosa, con el ánimo de mejorar la solvencia de la entidad a costa de los ahorros de los pequeños ahorradores y a sabiendas de que se trataba de productos en ninguna forma adecuados para los consumidores en general.
ADICAE mantuvo la acusación popular, y por eso recurre al TS, al considerar que sólo por esta actuación merece una sanción. El daño a la sociedad y a la economía es palpable, aunque se haya resarcido a una gran parte de los afectados no se ha acreditado la ausencia de daños y perjuicios a los pequeños ahorradores y a la economía y la sociedad en su conjunto. Según el escrito presentado por los servicios jurídicos de la asociación, “se podía encuadrar dentro de esos intereses difusos o colectivos que permiten el ejercicio de la acción pública como se permitió en el caso Atutxa”.
Analizando los delitos por los que se acusa a Roberto López Abad y María Dolores Amorós, estafa, publicidad engañosa y maquinación para alterar el precio de las cosas, se puede considerar que se está “ante el enjuiciamiento de delitos que protegen bienes de titularidad colectiva, de naturaleza difusa o de carácter metaindividual, en definitiva, se trata de delitos que afectan a los intereses colectivos más allá de los puramente individuales.
ADICAE cree que una estafa de tal magnitud no debe quedar impune y ve insuficiente que tan solo se investiguen delitos claramente menores relacionados con indemnizaciones, pensiones millonarias o las tarjetas black. Como en otras querellas sobre la actuación y la quiebra de las cajas parece no quererse llegar al fondo de la cuestión: el hundimiento de las cajas de ahorros que merece una explicación clara y por supuesto un reproche penal que la actuación judicial ha impedido hasta el momento.
