La Asociación propone a los grupos parlamentarios las comparecencias que aclaren la operación urdida entre Draghi, De Guindos, Saracho y Botín en la que se ha “regalado” el Popular al Santander y con la que se ha perjudicado a los pequeños accionistas.
El Gobierno, Banco de España, la CNMV, y el Ministerio de Economía deben explicar cómo se permitió que el Popular realizara ampliaciones de capital, como la de junio de 2016, a sabiendas de la situación de la entidad desde hace meses y en perjuicio de decenas de miles de ahorradores.
08.06.17 Madrid. Draghi y De Guindos (ambos “ex” de Lehman Brothers), junto a Emilio Saracho y Ana Patricia Botín deben explicar cómo y por qué se ha llevado a cabo lo que ADICAE califica como una “extraña maniobra” y que ha concluido con la entrega del Banco Popular al Santander por un euro. Una operación que se ha realizado a costa de los ahorros de decenas de miles de pequeños accionistas y titulares de deuda subordinada. ADICAE reivindica la ausencia de protección de estos ahorradores y ha trasladado al Congreso de los Diputados la necesidad de que se depuren responsabilidades, por lo que insta a requerir las comparecencias necesarias en el Parlamento que den una explicación de lo sucedido.
La operación se llevó a cabo obviando los derechos e intereses del pequeño accionariado y ahorradores del banco pese a que la situación del Popular era conocida desde hace meses. Una de las cuestiones que ADICAE considera imprescindible aclarar es por qué en lugar de una venta sin más (alternativa que habría propiciado una compensación a los pequeños accionistas), se optó por intervenir la entidad de forma express, atribuir un valor cero a las acciones del Banco Popular, con las graves consecuencias en pérdidas para los ahorradores y a continuación entregar el Popular al Santander por un simbólico euro. Y todo ello pese a que el pasado noviembre la entidad de Botín valoró el Popular en una horquilla comprendida entre 1 y 1,7 euros por acción.
El Santander, que en su última presentación para analistas señala que la operación es “financieramente atractiva”, una “oportunidad única de consolidación doméstica en España y Portugal” y ofrece “sinergias de costes significativas y activos inmobiliarios bien provisionados con riesgo de ejecución gestionable”, entre otras virtudes, no puede ocultar los beneficios que le genera la adquisición del Popular. Ante tales afirmaciones, resulta inexplicable que se haya autorizado y realizado la transacción por un euro, además de dejar caer sobre las espaldas de decenas de miles de familias la pérdida del 100% de los ahorros que tenían en forma de acciones del Popular.
Por otro lado, el Banco de España, la CNMV y el Ministerio de Economía deberán aclarar la razón por la que no se adoptó ninguna medida temprana pese a ser conocedores desde hace meses de la situación de la entidad presidida por Saracho. Resulta inconcebible la pasividad con la que se toleró que el Popular captase 2.500 millones de euros de nuevos accionistas en junio de 2016 mediante una nueva ampliación de capital y que aumentó la “bola de nieve”.
Mientras tanto, los pequeños accionistas del Popular ya han comenzado a dirigirse a ADICAE para informarse de la situación y organizarse. Están decididos a defender sus derechos frente a lo que constituye una nueva muestra de los déficits que se mantienen en el sistema financiero español y en la posición de los consumidores respecto al mismo.
