El nuevo paquete normativo debería reconsiderar las «reglas de juego» que han venido permitiendo prácticas agresivas, engañosas o fraudulentas y de una ingeniería financiera al servicio prioritario de los intereses de las entidades.
El Real Decreto aprobado este viernes que completa la transposición de la Directiva que regula los mercados de instrumentos financieros no pone en el foco la protección del consumidor financiero y da demasiada libertad a las entidades financieras para seguir cometiendo los mismos abusos que hasta hora.
ADICAE cree insuficiente y ineficaz la transposición del paquete regulatorio MIFID II para poder evitar los errores del pasado en los productos de ahorro-inversión y las prácticas de venta del sector. que acabaron permitiendo fraudes lamentables como las preferentes o cláusulas suelo.
La prometida prohibición de los incentivos en la venta de productos como los fondos de inversión ha quedado en agua de borrajas y finalmente se ha limitado, condicionándolos a que haya también un beneficio para el cliente en un incremento de la calidad del servicio.
ADICAE lamenta el hecho de que se eluda abordar algo tan relevante como la supervisión de los mercados financieros, que es imprescindible para proteger al consumidor.
A la normativa transpuesta le sigue faltando un elemento importante, previsto en la Directiva y que protege de forma real al consumidor financiero: la definición para cada producto de un “público objetivo negativo”, es decir, la prohibición de ofrecer y vender esos productos a determinados tipos de consumidores. De esta forma, se corregirían los abusos del pasado, delimitando a qué público no se puede ofrecer el producto en ningún caso porque su venta sería ilegal.
De este modo, la máxima preocupación de este nuevo Decreto debería girar en torno a la seguridad de los ahorradores y la disposición efectiva de todos los instrumentos y obligaciones que así lo permitan. Reducir la protección del consumidor a aumentar el nivel de confianza de las entidades es un paso más en falso, si no se deriva del establecimiento de mecanismos y medidas que corrijan las prácticas de los últimos años. ADICAE considera que la confianza de las entidades, ahora mismo perdida por sus masivos fraudes, la tienen que ganar a base de buenas prácticas.
