ADICAE cree ineludible recurrir el auto
Como en otros procesos respecto a cajas quebradas por la fraudulenta actuación de sus dirigentes, la decisión de la Audiencia Nacional sigue la senda de abordar delitos ‘menores’ (indemnizaciones, pensiones…) evitando entrar al fondo del fraude masivo sobre cientos de miles de ahorradores.
El juez Andreu excluye de su análisis “la manera en que las entidades comercializaron estos productos”, y fundamenta su decisión en que las preferentes no fueron emitidas para un engaño global y en una supuesta falta de acreditación de que hubiera instrucciones para la venta engañosa del producto.
Sin embargo, y como el titular del Juzgado Mercantil 5 de Madrid destacó en la sentencia de 16 de febrero de 2017, dictada a instancias de la demanda colectiva interpuesta por ADICAE respecto a la emisión y venta de preferentes de Caja Madrid y a los documentos de la entidad elaborados como guía de venta para su red comercial “en el referido documento interno se especifican los clientes en los que debe centrarse la colocación (….). ninguno de estos grupos de clientes tenía productos financieros perpetuos (…..) se trataba de clientes que antes (….) tenían inversiones muy seguras con fechas ciertas de vencimiento”.
De esta forma resulta evidente y comprobado en un procedimiento judicial colectivo el hecho de que existía una premeditación de la caja a la hora de lanzar al mercado las preferentes, destinando las mismas a aquellos consumidores ya clientes de forma engañosa, con el ánimo de obtener un reforzamiento de la solvencia de la entidad a costa de los ahorros de los consumidores y a sabiendas de que se trataba de productos en ninguna forma adecuados para un perfil de clientes como al que se colocaban.
En todo caso este auto es un nuevo ejemplo de la impunidad imperante en relación a las actuaciones de múltiples cajas de ahorros y sus dirigentes, tras haber defraudado miles de millones del ahorro de los consumidores para tratar de lograr una primera recapitalización y saneamiento de las entidades tras una gestión caracterizada por la corrupción y la mala gestión.
Aunque la Audiencia justifique su decisión en que no se ha demostrado que Caja Madrid colocase las preferentes “a sabiendas de que no iban a recuperar su inversión” (los clientes), la realidad es que se valió de un engaño general, orquestado incluso a través de “guías internas de venta” distribuidas a la red comercial, que perseguía obtener fondos para su capitalización a costa de trasladar mediante falsedades los riesgos de la operación a su clientela, eligiendo de entre la misma aquella menos adecuada a las características de las participaciones preferentes y para quienes este producto revestía por tanto un auténtico carácter “tóxico”.
