ADICAE ha presentado hoy mismo ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso administrativo contra el FROB.
ADICAE ultima las acciones civiles y penales contra el Popular y otro contencioso administrativo contra el JUR.
La Asociación sigue celebrando Asambleas Informativas por toda España ante la avalancha de peticiones por parte de los afectados y recabando nuevas adhesiones que refuerzan todas las medidas legales que se están llevando a cabo.
Madrid, 19 junio de 2017.- ADICAE ha presentado hoy mismo ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso administrativo contra la actuación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria ante el Banco Popular. La Asociación está decidida a conseguir anular los efectos de la “maniobra” perpetrada mediante el FROB y que provocó la pérdida del patrimonio a 300.000 pequeños ahorradores-inversores. Ante esta medida, el FROB tendrá que poner a disposición de la Asociación el expediente administrativo que fundamentó la conocida resolución, a efectos de continuar el procedimiento. (enlace al contencioso administrativo presentado hoy y su justificación:
Las consecuencias de esta anulación supondría el restablecimiento total de la situación de los pequeños accionistas a la previa de la actuación del FROB y la obligación del estudio de nuevas alternativas que no desembocasen en la pérdida total de los ahorros por parte de los pequeños inversores. En los próximos días se iniciarán también medidas contra el JUR junto a demás acciones penales y civiles contra el propio Banco Popular y otros.
En el contencioso administrativo presentado hoy por ADICAE se denuncia que “el proceso de subasta seguido por el FROB en base a la habilitación concedida por la JUR no fue correcto ni lo transparente que en atención a lo dispuesta en la misma resolución debía haber sido” y que “se confirieron ventajas a la entidad que a la que a la postre resultó adjudicataria”. Las medidas que ADICAE ha concretado este mismo lunes aún no han sido abordadas por parte de ninguna asociación, particular o bufete de abogados y son precisamente las que conllevarían el restablecimiento total del pequeño-ahorrador-inversor y a la completa prevención futura ante crisis de otras entidades.
ADICAE hubiese planteado en dicho contencioso presentado hoy en la Audiencia Nacional, medidas cautelares cuya consecuencia sería la paralización inmediata de los efectos de la actuación del FROB, sin embargo resulta inviable para una asociación sin ánimo de lucro.
La asociación ya expresó hace días que una alternativa viable hubiese sido el canje de acciones a las acciones del Banco Santander, lo que hubiese supuesto una pérdida económica considerable por parte de los accionistas del Popular (por el precio al que habían llegado a caer estos títulos), pero se les habría dado la opción de recuperarlo en el largo plazo. Los recursos de clientes del Grupo Popular ascendieron en 2016 a unos 96.000 millones de euros, resulta extraño que dicha cantidad no fuera suficiente para haber buscado otras soluciones alternativas a la pérdida total de su inversión por los accionistas y titulares de deuda.
Las dimensiones del perjuicio de esta crisis son enormes para los pequeños ahorradores ya que casi el 90% del total corresponden precisamente a accionistas minoritarios (con menos de 10.000 títulos cada uno), de los cuales, el 80% tenía menos de 4.000 acciones. Estos datos se están viendo corroborados por los afectados que están acudiendo en masa a las Asambleas Informativas organizadas por ADICAE, se trata de familias que confiaron en el sexto banco del país para invertir sus ahorros y están muy lejos de un perfil de “jugadores de bolsa”. A todos ellos debemos añadir también a las 18.000 familias que podrían estar afectadas por la «liquidación» de la deuda subordinada.
ADICAE sigue celebrando Asambleas informativas por toda España y reuniendo nuevas adhesiones de afectados para las acciones penales y civiles que ADICAE interpondrá. La agrupación del mayor número de afectados conlleva el reforzamiento de los contenciosos administrativos que se impondrán y las demás acciones legales necesarias. La asociación seguirá movilizándose por todo el país con el fin de conseguir la total protección y defensa de las 300.000 familias que han perdido su patrimonio.
