Acaba este 14 de septiembre
La falta de información, el oscurantismo y las dificultades que han sufrido los accionistas y bonistas afectados por esta resolución empujan a ADICAE a solicitar esta ampliación.
A pesar de ello la Asociación ha presentado ante la JUR el escrito para hacer las alegaciones oportunas, en su nombre, y como asociación de consumidores, en representación de 2.391 afectados que se han agrupado en torno a ADICAE.
La asociación ultima un informe que desacredita la forma y fondo de la medida adoptada. En paralelo mantiene un recurso ante el TJUE y la acción penal en España.
Manuel Pardos, presidente de ADICAE, ha enviado esta semana una carta a la presidenta de la JUR, Elke König, en la que le traslada la necesidad de ampliar los plazos para que todos los afectados puedan demostrar las pérdidas ocasionadas por aquella decisión.
ADICAE manifiesta que es necesario alargar en el tiempo el registro para el derecho de audiencia ya que se hace más necesario que nunca poder escuchar a los más de 300.000 perjudicados por el fraude ocurrido hace ya un año y tres meses.
El anuncio de la JUR de que no tiene intención de establecer una compensación a los accionistas y bonistas de Banco Popular para que recuperen el dinero perdido se realizó en el mes de agosto, un periodo vacacional en el que la actividad baja de forma considerable en España y cientos de miles de pequeños ahorradores no han tenido la oportunidad de informarse de forma adecuada para poder reclamar. Por esta razón resulta imprescindible exigir ese aplazamiento.
La constante solicitud de asesoramiento por parte de los accionistas afectados, la falta de claridad y transparencia a la hora de informar sobre el trámite a realizar para presentar las alegaciones, y el aluvión de peticiones y consultas que hemos recibido en los últimos días por miles de ahorradores afectados en las múltiples asambleas informativas realizadas por todo el país, han llevado a ADICAE a plantear este requerimiento para que nadie se quede sin su derecho de audiencia.
La asociación reitera que el informe de la JUR no es vinculante y que la acción colectiva, aunando las solicitudes de los perjudicados, puede tumbar la decisión europea, habida cuenta de las enormes pérdidas que les ha acarreado. “Lo único firme de la resolución de la JUR es que abre una consulta a todos los posibles afectados que tienen ocasión de mostrar su descontento y demostrar que han sufrido pérdidas”, explica Manuel Pardos.
