La Autoridad Europea de Valores y Mercados, ESMA por sus siglas en inglés, publicó recientemente su informe anual de 2020 en el que recogen el balance de sanciones impuestas en el marco de la Directiva Mifid II, que recordamos, es aquella con la que la Unión Europea buscaba fomentar la transparencia, la protección al consumidor y la competencia en los mercados financieros.
Dicho informe eleva a 8,4M el montante total de sanciones impuestas por los organismos vigilantes europeos, de los cuales, 2,3 millones de euros (el 27%) corresponde a España. La CNMV, el órgano que se encarga en España de aplicar este tipo de multas, impuso dos sanciones en 2020: una de ellas a CaixaBank por valor de dos millones de euros por incumplir la obligación de recabar información sobre el perfil del cliente para evaluar su idoneidad con el producto ofrecido o solicitado, y otra de la misma cantidad a Banco Sabadell. Además, el Banco Santander recibió una sanción por valor de 300.000 euros también por vulnerar el articulo 214 de la Ley del Mercado de Valores.
Lo que en principio parece un dato positivo para la imagen del control financiero y protección del consumidor en España, encabezando la lista de países europeos más severos con la defensa del consumidor, esconde una realidad donde el impacto de este tipo de medidas para las grandes compañías del sector bancario es limitada, por no decir nula.
La cantidad impuesta, dos millones de euros en un caso y 300.000 euros en el otro, impide actuar como elemento disuasorio para unas entidades que presentan unos volúmenes de facturación y beneficio tan elevados. Según datos ofrecidos por CaixaBank, la entidad obtuvo un beneficio de 4.786 millones, tras incorporar la impactos por la fusión con Bankia (mientras, por cierto, negocia un ERE para la salida de 7.800 empleados); por su parte, Banco Santander presentó el pasado martes los resultados del primer trimestre del año con unos beneficios de 3.675 millones de euros.
A pesar de encabezar el ránking de la ESMA sobre cuantías totales de las multas impuestas en 2020, el bajo número de sanciones de España contrasta con los datos que registran otros países como Chipre (9 por valor de 1.9 millones de euros); Bélgica (103); Bulgaria (195), Luxemburgo (108) o Rumanía (70).
Además, estos bajos datos de sanciones impuestas deben situarse en un contexto en el que, en 2019 -último ejercicio del que se disponen datos- la Comisión Nacional del Mercado de Valores recibió un total de 1.077 reclamaciones de clientes y un número de consultas que se eleva a 7.560.
Por último, no debemos olvidar el numeroso historial de casos de estafa y mala praxis de las entidades financieras en nuestro país, con casos que han afectado a cientos de miles de afectados como las participaciones preferentes, las clausulas suelo, el caso Banco Popular o IRPH en las que ADICAE ha liderado la defensa de los consumidores, luchando por la defensa de sus derechos y reclamando una compensación justa. Una situación que no tiene parangón en el resto de países del entorno europeo.
